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Gobierno Corporativo: Nuevo paradigma para Chile

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20 Diciembre 2012

Germán Heufemann presenta su visión sobre la nueva norma de gobierno corporativo para las sociedades anónimas abiertas de Chile.

¿Cuáles son las dimensiones del gobierno corporativo?

Cuando nos referimos a gobierno corporativo, en general hay que considerar la dimensión legal y regulatoria orientada al cumplimiento; la dimensión financiera y económica que apunta a la retención y atracción de inversionistas; la dimensión estratégica enfocada en la creación de valor mediante la incorporación de buenas prácticas; y la dimensión ético-valórica del gobierno corporativo responsable, entendido como parte del desarrollo sustentable de las empresas.

¿Cómo estas dimensiones de gobierno corporativo pueden ser aplicadas mediante buenas prácticas?

El gobierno corporativo puede ser aplicado muy concretamente mediante buenas prácticas referidas a estas cuatro dimensiones. Algunas de las aplicaciones más relevantes se relacionan con la operación y funcionamiento del directorio, ámbito en el que es posible encontrar aplicaciones para la adecuada y oportuna información del directorio respecto a la marcha de la empresa, prácticas para asegurar la continuidad del funcionamiento del directorio, e incluso aplicaciones para el adecuado tratamiento por parte del directorio de potenciales conflictos de interés.

Otros ámbitos de aplicación son la relación entre la empresa y sus accionistas e inversionistas, sobre la sustitución y compensación de los ejecutivos principales, y los mecanismos de supervisión y control de los riesgos a los que se exponen las empresas.

En estos casos, el desafío para cada compañía es lograr identificar cuáles son las prácticas específicas que le crean valor al ser adoptadas. Si consideramos que tanto el desarrollo regulatorio como el escrutinio público de las empresas por parte de los agentes del mercado busca el incremento de la transparencia, entonces podemos deducir que existe un genuino interés para que las decisiones del directorio estén bien justificadas y comunicadas, y en este sentido un enfoque selectivo orientado a incorporar prácticas que crean valor es preferible a uno que lleve a la empresa a adoptar todas las prácticas posibles.

¿Cómo se reportan estas prácticas bajo el principio de “cumplimiento o explicación”?

Para entender cómo se reportan estas prácticas bajo el principio de “cumplimiento o explicación”, es bueno considerar que en el caso de Chile, más allá de una mayor regulación, hay un considerable espacio para la auto-regulación del gobierno corporativo. La auto-regulación complementa a la regulación, y tiene la virtud de ser más flexible, razón por la cual las recomendaciones internacionales apuntan a avanzar en esta dirección.

El principio “cumplimiento o explicación” es parte de un enfoque reglamentario de gobierno corporativo surgido en Inglaterra en 1992, y hoy en día se considera el modelo dominante a nivel mundial para el reporte de gobierno corporativo por parte de las empresas. Este principio en vez de estar basado en leyes vinculantes, se orienta a sugerir la auto-regulación, mediante la auto-evaluación de prácticas corporativas por parte de los directorios de empresas con presencia bursátil.

El propósito del principio de “cumplimiento o explicación” es “dejar que el mercado decida” si las prácticas de gobierno corporativo adoptadas por una empresa son percibidas como “apropiadas por sus accionistas”. Dado que este principio permite que una empresa pueda no adoptar las prácticas sugeridas por la norma, este enfoque rechaza la idea de “un mismo estándar para todos”. Sin embargo, debido a las exigencias de información de la empresa por parte de los inversionistas del mercado, es posible prever que si los inversionistas no aceptan las explicaciones de la empresa, entonces venderán sus acciones, ejerciéndose sobre la empresa una “sanción de mercado” en vez de una “sanción legal”.

Bajo la lógica de este principio, las empresas pueden exceptuarse de la adopción de algunas prácticas, para lo cual deben explicar cuáles son las medidas específicas no cumplidas y la razón para ello. Este principio busca adecuar o entender el por qué se adopta o no se adopta una determinada práctica: su objetivo es que la adopción de prácticas de gobierno corporativo sea coherente y adecuada a la realidad de cada empresa.

¿En qué consiste la norma para la autoevaluación?

La norma establece la obligación para las sociedades anónimas abiertas de difundir al público sus prácticas de gobierno corporativo. Esto, considerando la importancia que tiene para el mercado de valores que este tipo de empresas revelen sus estándares de gobierno corporativo, para que así los inversionistas tengan suficiente información respecto a ellos.

El objetivo de esta nueva norma es proveer información adecuada al público inversionista respecto de las políticas y las prácticas de gobierno corporativo adoptadas por las sociedades anónimas abiertas. Además, permitirá que entidades como las bolsas de valores o centros de estudios puedan generar sus propios análisis que, como información adicional, faciliten a los diversos actores del mercado conocer y evaluar el compromiso de las empresas con estas buenas prácticas.

Las S.A.A. deberán poner esta información a disposición del público en su website, bajo un vínculo destacado denominado “Prácticas de Gobierno Corporativo”, y remitir tal información a las bolsas de valores. La primera remisión y publicación de la información deberá efectuarse a más tardar el 30 de junio de 2013 y estar referida al 31 de marzo de 2013.

¿Cuáles son los elementos más relevantes de esta norma? ¿Qué ha ocurrido en países en donde se ha adoptado una normativa con el principio de “cumplimiento o explicación”?

Uno de los elementos más relevantes de la nueva norma es la responsabilidad explícita que le otorga al directorio de las empresas en cuanto a exponer la manera en que ha adoptado cada práctica, o bien, las razones por las que la empresa decidió no adoptar algunas de ellas. Esta responsabilidad explícita puede tener varias lecturas, pero a mi juicio es una señal bastante clara para los directores de empresa respecto al ejercicio de su deber de cuidado, y las prácticas contenidas en la norma pueden ser consideradas como lineamientos para facilitar el debido ejercicio de este deber.

En relación al enfoque de “cumplimiento o explicación” que ha adoptado la norma en Chile, existe consenso tanto en Inglaterra como en Europa continental acerca de sus virtudes: para el regulador europeo este enfoque toma en consideración la variedad de situaciones que ocurren en compañías individuales; para las empresas, otorga suficiente flexibilidad para acomodarse a situaciones específicas, lo que permite que los beneficios de este enfoque superan a sus costos de implementación; y para los inversionistas, es una buena forma de tomar conocimiento sobre las prácticas de gobierno corporativo de las empresas, en la medida que la calidad de las explicaciones otorgadas por las empresas les hagan sentido.

En los países en donde se ha adoptado esta normativa con el principio de “cumplimiento o explicación”, sus resultados han sido satisfactorios. Por ejemplo, un estudio del 2009 referido a 18 países europeos, en el cual se evaluaron 270 compañías medianas y grandes, y se revisaron más de 1.000 prácticas reportadas, concluyó que menos de un tercio de las empresas adoptó la totalidad de las prácticas sugeridas por el regulador. Otro antecedente interesante se refiere a la calidad de las explicaciones reportadas: si bien sólo un tercio de las empresas entregó explicaciones de muy buena calidad, éstas en su mayoría fueron entregadas por empresas en donde destaca un accionista mayoritario.

Considerando estos antecedentes, en el caso de Chile se podría esperar que las empresas adopten un enfoque similar, es decir, más bien conservador: que declaren la adopción de una determinada práctica cuando hayan diseñado procedimientos, sistemas, políticas o condiciones que aborden la mayoría de los elementos descritos en la práctica en cuestión, y cuando éstos se encuentren implementados en un grado significativo.

Por el contrario, es esperable que se declare la no adopción de prácticas en la medida que la sociedad no cuente con la práctica, cuente con una práctica distinta a la indicada, o esté en proceso de adopción de ésta pero su diseño o implementación no haya concluido.

Finalmente, respecto a los efectos de esta norma, es esperable que los estándares de gobierno corporativo mejoren; podrían surgir iniciativas privadas para analizar y rankear a las empresas según su reporte de gobierno corporativo; y las decisiones de inversión considerarán crecientemente los reportes de gobierno corporativo de las empresas, así como estos análisis y rankings. Parte de esta entrevista apareció originalmente publicado en el diario La Segunda de Chile, el 18 de diciembre de 2012; puede descargar aquí el artículo.